Cualquiera que haya seguido de cerca la evolución del sector fotovoltaico español durante la última década sabe que el 2025 marcará un antes y un después, aunque no exactamente por las razones que hubiéramos anticipado hace doce meses.

El año pasado nos ha demostrado algo fundamental: haber alcanzado el liderazgo tecnológico en generación eléctrica no es un punto de llegada sino el inicio de una fase completamente distinta, donde las reglas del juego cambian y las competencias que nos trajeron hasta aquí ya no bastan para lo que viene.

La transformación más profunda que hemos experimentado no aparece en las estadísticas de potencia instalada, aunque hayamos sumado más de 7 gigavatios y consolidado nuestra posición como segundo mercado europeo. El cambio real está en cómo entendemos nuestro papel dentro del sistema eléctrico.

Durante años, el objetivo era claro: desarrollar proyectos, obtener permisos, construir plantas y conectarlas a la red. Introducir potencia en el sistema. Esa mentalidad, que nos sirvió para crecer exponencialmente, ya no es suficiente. Hoy el desafío no es cuánta energía podemos producir sino cómo gestionamos esa producción en un mercado cada vez más complejo donde el precio se ha convertido en la variable crítica.

El gestor comercial capaz de extraer valor operando simultáneamente en múltiples mercados es  ahora uno de los puestos clave en una empresa del sector. Las empresas deben asimilar este giro estratégico, especialmente tras un verano donde algunas plantas en algunos momentos perdieron hasta el 45% de su producción potencial por vertidos.

España tiene sobre la mesa una oportunidad industrial como no había tenido hasta ahora. Hay 89 gigavatios de puntos de conexión solicitados a la red eléctrica, una demanda potencial que triplica el consumo medio actual del país. De estos, 43 gigavatios ya cuentan con permisos concedidos y avales depositados, y otros 27,5 gigavatios están contemplados en la planificación hasta 2030.

No son cifras abstractas: son industrias que quieren establecerse en España, centros de datos que necesitan electricidad fiable, infraestructura de recarga para millones de vehículos eléctricos, etc. Son, en definitiva, la reindustrialización que llevamos décadas esperando, y llega precisamente porque tenemos algo que el resto de Europa necesita: energía renovable abundante, competitiva y limpia procedente del sol.

La pregunta no es si tenemos capacidad para responder a esta demanda. Con más de 7,2 gigavatios instalados en 2025, consolidados como segundo mercado europeo y como primera fuente de generación eléctrica del país, hemos demostrado sobradamente nuestra capacidad de ejecución.

La pregunta real es si seremos lo suficientemente rápidos y si el marco que construyamos será el adecuado. Porque cada mes de retraso en desbloquear los nudos de red saturados es un mes donde la rentabilidad de nuevos proyectos se cuestiona ante los financiadores, y donde esos proyectos industriales evalúan Francia o Polonia antes que España.

El almacenamiento ya no es una variable sino una constante. Panel y batería forman una unidad inseparable, y las baterías han dejado de ser un complemento opcional para convertirse en condición necesaria de viabilidad. No se trata solo de arbitraje de precios o de extender las horas de energía barata.

Durante el año 2025 quedó demostrado que el almacenamiento también es fundamental para la seguridad de suministro y la robustez del sistema. El Real Decreto de Medidas Urgentes dio personalidad jurídica al almacenamiento hibridado, eliminando obstáculos administrativos que paralizaban proyectos enteros. Pero la normativa es solo el punto de partida; ahora las empresas deben traducir estas oportunidades regulatorias en modelos operativos reales que funcionen en mercados cada vez más complejos.

El apagón del 28 de abril merece una reflexión más allá de lo anecdótico. Sí, fuimos señalados injustamente en las primeras horas por algunas voces, y sí, los tres informes oficiales confirmaron posteriormente que el problema residió en el control de tensión de las centrales convencionales, no en la penetración renovable. Pero lo verdaderamente relevante es lo que cambió después.

En seis semanas se aprobó el Procedimiento Operativo 7.4, que llevaba cuatro años bloqueado, habilitando nuestra participación en el control de tensión y los mercados de reactiva. Ya no somos solo generadores de energía; somos proveedores de estabilidad.

Las plantas que se certifiquen obtendrán prioridad de despacho, rampas más rápidas e ingresos adicionales. Más importante aún, este cambio resuelve la narrativa capciosa que nos pintaba como fuente intermitente que otros debían compensar. Esa narrativa está obsoleta, y los hechos posteriores al apagón lo demostraron empíricamente.

Sin embargo, hay una asignatura donde hay mucho trabajo por hacer: la electrificación de usos finales. El sector eléctrico ha alcanzado el 65% de renovables, un éxito rotundo. Pero el transporte, los procesos industriales térmicos y la climatización siguen dependiendo abrumadoramente de combustibles fósiles, con apenas un avance del 8% al 10% en penetración eléctrica. Esta brecha no es solo un problema climático; es una oportunidad económica que estamos desaprovechando.

La ventaja competitiva que ofrece nuestra electricidad fotovoltaica solo se materializará en beneficio real para el tejido productivo si conseguimos que las empresas electrifiquen sus operaciones. Para ello se necesita coordinación efectiva entre ministerios que ahora trabajan en compartimentos estancos, y políticas decididas que aceleren el ferrocarril eléctrico de mercancías, la movilidad urbana eléctrica y la sustitución de combustibles en la industria.

El autoconsumo atraviesa un momento de estabilización tras la caída del 31% experimentada en 2024. La finalización de las ayudas Next Generation y la percepción errónea de precios eléctricos estructuralmente bajos han enfriado el ritmo de instalación. Más de 850 municipios ofrecen bonificaciones fiscales en IBI e ICIO para autoconsumo, pero estos incentivos permanecen infrautilizados por desconocimiento.

El potencial sigue siendo enorme: necesitamos simplificación administrativa hasta los 500 kilovatios conforme marca la directiva europea, compensación dinámica de excedentes, y un impulso decidido al autoconsumo colectivo y las comunidades energéticas como herramientas de democratización energética.

La aceptación social emerge como factor que puede condicionar todo lo anterior. Durante el año pasado hemos visto en algunas comunidades propuestas de moratorias y regulaciones que ponen barreras injustificadas. Existen plataformas cada vez más profesionalizadas contaminando el debate público con desinformación, y el coste político de obstaculizar nuestro desarrollo ha disminuido en ciertos territorios. Nuestra única respuesta válida ante esto es la excelencia operativa, la transparencia absoluta y el compromiso territorial genuino. Los ayuntamientos son actores centrales sin cuyo apoyo ningún proyecto prospera.

Cada instalación debe demostrar con hechos su contribución al territorio: empleo de calidad, ingresos fiscales, inversión en servicios y compromiso ambiental verificable. Los casos de éxito existen y son mayoría, pero debemos visibilizarlos mejor. Los estudios ya demuestran que las plantas fotovoltaicas se convierten en refugios de biodiversidad y generan impacto socioeconómico positivo en el mundo rural. El Sello de Excelencia en Sostenibilidad de UNEF certifica prácticas excelentes en más de 60 plantas que suman casi 5 GW, demostrando que la excelencia es posible y escalable.

Las cifras macroeconómicas respaldan la relevancia sistémica de lo que hemos construido: más de 10.600 millones de euros al PIB, cerca de 147.000 empleos, 3.400 millones en exportaciones anuales, y una intensidad en innovación del 3,78% que triplica la media industrial española. Pero estos números, por impresionantes que sean, no garantizan nada automáticamente. España posee ventajas objetivas excepcionales —recurso solar superior, cadena de valor consolidada, liderazgo tecnológico— que nos posicionan de manera única. La convergencia entre disponibilidad de energía competitiva, necesidad europea de independencia energética y urgencia climática global abre una ventana histórica. Pero esa ventana no permanecerá abierta indefinidamente.

El año 2025 nos empujó a una nueva fase de manera abrupta. El 2026 dirá si fuimos capaces de ejecutar las transformaciones necesarias: desbloquear los nudos de red paralizados mediante concursos urgentes, acelerar el despliegue masivo de almacenamiento hibridado, impulsar la electrificación de usos finales con coordinación ministerial efectiva, o consolidar el respaldo social mediante excelencia y transparencia.

Demostramos durante años que sabemos crecer. Ahora toca demostrar algo más difícil: que sabemos consolidarnos con la sofisticación que exige un sistema eléctrico moderno y con las responsabilidades que conlleva ser la columna vertebral de la generación eléctrica nacional. La historia nos observa, y nuestra generación no puede permitirse desperdiciar la oportunidad de construir un modelo energético que beneficie a toda la sociedad española durante décadas. Es una responsabilidad de todos.