Durante los últimos años, Chile logró transformar su matriz eléctrica mediante una combinación de competencia, innovación e incorporación de nuevos actores. Ese proceso permitió reducir los costos de generación, aumentar la participación de energías renovables y diversificar la oferta disponible para abastecer a hogares y empresas.

Sin embargo, la próxima etapa de la transición energética plantea un desafío distinto: cómo asegurar que esa competencia continúe generando beneficios para los consumidores en los próximos años.

Las futuras licitaciones de suministro eléctrico serán fundamentales para responder esa pregunta. Las bases preliminares recientemente publicadas incorporan avances relevantes, particularmente al reducir el tamaño mínimo de las ofertas y facilitar la participación de proyectos de menor escala. Es una señal positiva que apunta a ampliar la competencia y diversificar la oferta disponible.

No obstante, persiste una discusión de fondo. Hoy las licitaciones siguen evaluando principalmente el precio ofertado de la energía, sin considerar plenamente otros elementos que también tienen impacto en el costo final del suministro. La ubicación de los proyectos, las pérdidas eléctricas evitadas, la utilización de las redes de transmisión o los costos asociados a congestiones son factores que influyen en la eficiencia global del sistema, pero que muchas veces no son adecuadamente reconocidos en los procesos de adjudicación.

Esto genera una situación paradójica. Dos proyectos pueden ofrecer el mismo precio de energía, pero tener impactos muy distintos sobre la operación y los costos del sistema. Del mismo modo, una oferta aparentemente más barata puede terminar requiriendo mayores inversiones en infraestructura o generar mayores pérdidas eléctricas, costos que finalmente terminan siendo asumidos por los usuarios.

Por ello, el debate regulatorio debiera evolucionar desde una lógica centrada exclusivamente en el menor precio de energía hacia una visión orientada al menor costo total de suministro. No se trata de alterar la competencia ni de establecer preferencias para una tecnología determinada. Se trata de perfeccionar las señales económicas para que las licitaciones seleccionen aquellas soluciones que generan el mayor valor para el sistema en su conjunto.

Esta discusión adquiere especial relevancia considerando que el régimen de precio estabilizado para los PMGD tiene un horizonte conocido. Si Chile aspira a consolidar un mercado cada vez más competitivo, resulta necesario crear las condiciones para que estos proyectos puedan participar en procesos competitivos de contratación y acceder gradualmente a contratos de suministro regulado. Las futuras licitaciones representan una oportunidad para que los PMGD compitan por mérito propio, continúen aportando competencia al mercado y avancen progresivamente desde mecanismos transitorios hacia esquemas plenamente competitivos.

La discusión de fondo no es tecnológica ni sectorial. Es una discusión sobre cómo utilizar mejor los recursos disponibles para abastecer a millones de consumidores. Si las licitaciones del futuro logran incorporar adecuadamente los costos y beneficios que cada proyecto aporta al sistema, Chile contará con un mercado más competitivo y un sistema eléctrico más eficiente. Al mismo tiempo, permitirá que proyectos de menor escala puedan competir por contratos de suministro en igualdad de condiciones, fortaleciendo la competencia y ampliando las alternativas de abastecimiento para los clientes regulados.

Porque, en definitiva, la mejor política energética sigue siendo aquella que promueve más competencia, más eficiencia y menores costos para los consumidores.