Argentina puso en marcha la licitación de AMBA I, una de las principales obras previstas para ampliar la red de transmisión eléctrica del país y reforzar el abastecimiento del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El proyecto contempla una inversión estimada en unos USD 800 millones, alrededor de 270 kilómetros de nuevas líneas de transmisión y una ampliación de aproximadamente 2.000 MW en la capacidad de demanda que puede abastecer el sistema en el área metropolitana.

La convocatoria, impulsada por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, se realizará bajo un régimen de concesión de obra pública y permitirá que empresas privadas construyan, operen y mantengan la infraestructura. El proceso es de alcance internacional y está regulado por la Ley 17.520 de Concesión de Obras Públicas. La publicación de los pliegos permite conocer por primera vez en detalle la estructura económica diseñada por el Gobierno para atraer a inversores y repartir los riesgos del proyecto.

El lanzamiento se produce en un contexto de creciente saturación de la red de transporte en el AMBA. Según el Gobierno argentino, la demanda residencial aumentó un 20% en los últimos diez años, mientras que las líneas de transporte de alta tensión crecieron solo un 8% durante el mismo período. Esta diferencia ha generado cuellos de botella y restricciones que afectan especialmente a una región que concentra aproximadamente el 40% de la demanda eléctrica nacional.

Una ampliación de 270 kilómetros

AMBA I contempla la construcción de unos 270 kilómetros de nuevas líneas en niveles de tensión de 500 kV, 220 kV y 132 kV. El proyecto también incluye una nueva Estación Transformadora Plomer, con niveles de transformación de 500/220/132 kV, sistemas de compensación reactiva STATCOM y diferentes obras destinadas a conectar la nueva infraestructura con las distribuidoras de la zona.

La ampliación busca reducir las restricciones estructurales de la red y mejorar las condiciones de seguridad y confiabilidad del suministro eléctrico en el AMBA. De acuerdo con el Gobierno, la obra permitirá incrementar en aproximadamente 2.000 MW la capacidad de demanda que puede abastecer el sistema en esta región.

AMBA I forma parte del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico, que contempla 16 iniciativas estratégicas, inversiones superiores a USD 6.600 millones y la incorporación de 5.610 kilómetros de líneas de 500 kV en todo el país.

El proyecto se encuadra además en un nuevo esquema regulatorio para ampliar el sistema de transporte mediante concesiones de obra pública. La documentación oficial establece que el proceso será ejecutado bajo la Ley 17.520 y que la concesión incluirá la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura.

Ingresos referenciados al dólar

Uno de los elementos centrales de los pliegos es el mecanismo previsto para recuperar la inversión.

La denominada Remuneración COP Total deberá ser ofertada en dólares estadounidenses y se actualizará de acuerdo con la evolución del Producer Price Index (PPI) publicado por el Bureau of Labor Statistics de Estados Unidos.

El mecanismo contempla inicialmente un ajuste entre la fecha de firma del contrato y el comienzo del período de cobro. Posteriormente, se aplicarán actualizaciones anuales durante la vigencia del mecanismo de remuneración.

Aunque los desembolsos mensuales se realizarán en pesos argentinos, el contrato los vinculará a una referencia cambiaria destinada a mantener la equivalencia con el valor determinado en dólares.

El esquema también permite que el adjudicatario comience a recuperar parte de la inversión a medida que avance la construcción, una vez completados determinados lotes. Ese período de cobro podrá extenderse hasta siete años desde la habilitación comercial de cada etapa.

La recuperación de la inversión estará vinculada a la Tarifa COP, que se aplicará a los usuarios del sistema de transporte y/o distribución que la Secretaría de Energía identifique como beneficiarios de AMBA I. No obstante, los valores máximos de la Remuneración COP y de la Tarifa COP todavía no han sido establecidos: ambos serán comunicados posteriormente mediante circular.

Hasta USD 55 millones de aporte financiero

El pliego incorpora además un mecanismo de apoyo financiero de hasta USD 55 millones, impuestos incluidos, destinado al futuro adjudicatario.

El importe definitivo deberá establecerse posteriormente mediante circular y los recursos procederán de la Cuenta de Exportaciones del Fondo de Estabilización del Mercado Eléctrico Mayorista. Los desembolsos serán realizados por CAMMESA una vez cumplidos determinados hitos del proyecto.

Entre estos hitos figuran avances relacionados con la ingeniería, la disponibilidad del terreno necesario para construir la Estación Transformadora Plomer, la adquisición de equipamiento, la constitución de servidumbres y la compra de materiales necesarios para las nuevas líneas.

El aporte financiero tendrá un tratamiento específico dentro del modelo contractual. Los fondos no formarán parte de la base utilizada para calcular la Remuneración COP Total y tampoco podrán computarse entre los activos empleados para una eventual solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Una garantía del BID en proceso de estructuración

El modelo también incorpora respaldo multilateral. El Gobierno prevé una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), actualmente en proceso de estructuración, destinada a reforzar la previsibilidad de los pagos durante la vida del contrato.

Según las condiciones divulgadas junto con los pliegos, la estructura contempla una garantía que podría extenderse hasta 25 años y cubrir hasta seis meses de pagos al adjudicatario.

El proyecto ya había sido identificado por el Gobierno como una de las ampliaciones prioritarias del sistema de transmisión. La normativa publicada en 2025 incluyó AMBA I entre las obras consideradas prioritarias y estableció el desarrollo de un marco específico para ejecutarla mediante concesión de obra pública.

USD 40 millones para participar

Las condiciones financieras para entrar en la licitación son exigentes.

Cada oferente deberá constituir una garantía de mantenimiento de oferta de USD 40 millones, con una vigencia inicial de 180 días. El importe y el plazo están recogidos en el portal oficial CONTRAT.AR.

Además, el esquema establece otras garantías. La de cumplimiento del contrato será equivalente al 10% de la Remuneración COP Total; la garantía de impugnación se fija en USD 10 millones; la garantía vinculada al aporte financiero será equivalente al 100% de las sumas otorgadas; y la garantía de operación y mantenimiento equivaldrá al 2,5% de la Remuneración COP Total.

Los pliegos también establecen requisitos económicos, financieros, técnicos y administrativos para las distintas etapas del proceso. La información publicada sobre las condiciones de participación señala, además, que los competidores deberán acreditar un patrimonio neto igual o superior al 25% del valor de referencia de su propuesta.

El conjunto de requisitos apunta a limitar la participación a empresas o consorcios con una capacidad financiera suficiente para afrontar una obra de esta escala y sus obligaciones durante el período de concesión.

La primera apertura será el 14 de diciembre

La convocatoria ya está publicada en el portal oficial de contrataciones del Estado argentino. El proceso tiene el número 34-0003-LPU26 y corresponde a una licitación pública internacional en dos etapas.

La publicación oficial se realizó el 12 de agosto de 2026. El período para presentar consultas permanecerá abierto hasta el 13 de noviembre, mientras que la recepción de documentación finalizará el 14 de diciembre a las 11:00.

La primera apertura está programada para ese mismo día, 14 de diciembre de 2026 a las 12:00. En esta primera instancia se evaluarán, entre otros aspectos, las condiciones técnicas, económicas, financieras y administrativas de los participantes.

Una vez superada esa fase, el proceso avanzará hacia la evaluación de las ofertas económicas y la posterior adjudicación. La información proporcionada por el Gobierno prevé que la adjudicación se produzca a comienzos de 2027 y que la firma del contrato de concesión tenga lugar posteriormente.

El contrato contempla una obra dividida en dos etapas, con un plazo máximo de construcción de 52 meses. La ficha oficial de contratación establece, por su parte, una duración contractual total de 19 años, tres meses y siete días.

La primera prueba del nuevo modelo de transmisión

AMBA I representa así la primera gran prueba del modelo con el que Argentina busca ampliar su red de transmisión mediante capital privado. El Gobierno pretende combinar ingresos referenciados al dólar, actualización mediante un índice de precios de Estados Unidos, apoyo financiero de hasta USD 55 millones, una eventual adhesión al RIGI y una garantía multilateral del BID para hacer más previsible la inversión.

Al mismo tiempo, las condiciones de entrada son elevadas: una garantía de oferta de USD 40 millones, requisitos patrimoniales y otras garantías vinculadas al cumplimiento, la operación y el aporte financiero.

La obra busca responder a un problema estructural del sistema eléctrico argentino: el crecimiento de la demanda ha superado al de la infraestructura de transporte, especialmente en el AMBA. Con la licitación de AMBA I, el Gobierno abre ahora el proceso para incorporar nueva capacidad de transmisión y reducir las restricciones que afectan a una de las zonas de mayor consumo eléctrico del país.

La documentación oficial confirma que AMBA I es una ampliación del sistema de transporte de alta tensión bajo concesión de obra pública, y que el proceso se encuentra formalmente abierto para la participación internacional.

La convocatoria establece que la recepción de documentación finalizará el 14 de diciembre de 2026 a las 11:00, mientras que el primer acto de apertura se realizará ese mismo día a las 12:00. El período para presentar consultas permanecerá abierto hasta el 13 de noviembre a las 17:00. El contrato tendrá una duración de 19 años, tres meses y siete días, mientras que la construcción de la infraestructura se desarrollará en dos etapas, con un plazo máximo de 52 meses.

Entre las garantías exigidas a los participantes, la de mantenimiento de propuesta asciende a USD 40 millones. El proceso también contempla una garantía de impugnación de USD 10 millones, una garantía de cumplimiento equivalente al 10% de la Remuneración COP Total, una garantía equivalente al 100% de los aportes financieros recibidos y una garantía de operación y mantenimiento equivalente al 2,5% de la Remuneración COP Total.