El Parlament de Cataluña ha aprobado el Decreto ley 22/2025, una norma que redefine el marco energético catalán con el objetivo de aumentar la resiliencia del suministro eléctrico, impulsar el despliegue de renovables y regular por primera vez el papel de las comunidades energéticas y los sistemas de almacenamiento. El texto ha recibido un amplio apoyo parlamentario, con 103 votos a favor, 11 en contra y 20 abstenciones.

Durante la presentación de la norma, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, defendió que “descarbonizar nuestra sociedad es una política de prevención para evitar costes futuros”, subrayando que la transición energética es un proyecto colectivo que debe apoyarse en criterios científicos y de responsabilidad global. Según señaló, “la descarbonización es la respuesta racional de una sociedad que escucha el conocimiento científico y actúa con responsabilidad para afrontar un riesgo global”.

Un decreto para actuar con urgencia tras el gran apagón

El nuevo decreto llega tras el gran apagón del 28 de abril, que evidenció vulnerabilidades en la red. Paneque explicó que la norma “nace de la necesidad de actuar con urgencia y con la máxima seriedad” para reforzar un sistema energético que debe ser competitivo, sostenible y seguro. El texto sustituye al decreto anterior, derogado en julio tras no superar la validación parlamentaria.

Entre sus principales líneas de actuación, el Decreto ley 22/2025 establece:

• Integración y agilización de baterías y energías renovables.

• Ajustes en la normativa urbanística para facilitar nuevas implantaciones.

• Instalación de renovables en infraestructuras hídricas y ampliación de concesiones para centrales hidroreversibles.

• Refuerzo y agilización de la red de transporte y distribución eléctrica.

• Transparencia en los puntos de acceso y conexión, con más información para administraciones locales.

• Impulso del autoconsumo, participación ciudadana y planificación territorial.

• Refuerzo de competencias municipales, situando a los ayuntamientos en el centro de la toma de decisiones.

• Simplificación de la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Paneque destacó que el decreto actualiza y mejora el marco vigente, especialmente en lo referente al despliegue de baterías y sistemas de almacenamiento, elementos clave para garantizar la estabilidad del sistema en un contexto de crecimiento renovable. “Simplificamos procedimientos, reducimos plazos, evitamos duplicidades y facilitamos la implantación de infraestructuras en espacios compatibles, como balsas de riego o zonas antropizadas”, afirmó.

Regulación pionera de comunidades energéticas y almacenamiento

Por primera vez, Cataluña regula las comunidades energéticas, que permitirán a vecinos, empresas y entidades generar, compartir y consumir energía renovable de forma conjunta. El Gobierno ve en estas figuras un instrumento clave para democratizar la energía y fomentar la generación distribuida.

También se introduce una regulación específica para baterías y almacenamiento, fundamentales para reducir riesgos de apagón y acelerar la recuperación del suministro en caso de incidencias.

El decreto contempla además la creación de mesas de diálogo social en cada veguería para aumentar la aceptación territorial de los proyectos renovables, y medidas para mejorar el estado y capacidad de la red eléctrica.

La aprobación del decreto contó con el apoyo de PSC-Units, Junts, ERC y Comuns; Vox votó en contra, mientras que PPC, CUP-DT y AC se abstuvieron. Durante el debate intervinieron representantes de todos los grupos, entre ellos Jordi Munell (Junts), Montse Bergés (ERC), Eva García (PPC), Javier Ramírez (Vox), Lluís Mijoler (Comuns), Dani Cornellà (CUP-DT), Sílvia Orriols (AC) y Andrea Zapata (PSC-Units).