El Consejo de Ministros de España aprobó un Plan de medidas de ahorro y eficiencia energética elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y promovido por este y los ministerios de Hacienda y de Política Territorial y Función Pública. Este plan, cuya meta es trazar objetivos para racionalizar el uso de los edificios e instalaciones administrativas, será entregado a la Administración General del Estado (AGE) y a las entidades del sector público estatal.

 El plan incluye también pautas de organización del trabajo de los empleados públicos que ahorren energía mientras se presta servicio en los entes gubernamentales. Estas recomendaciones complementan el plan de reducción del consumo energético en la AGE y se ajustan a la Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el sector de la Edificación en España y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (Pniec).

 Esto puede ser visto como un plan piloto a implementarse por la AGE que se convertiría, de esta manera, en líder en la práctica de maniobras que propicien el ahorro y la eficiencia en este ámbito en el sector estatal español. Lo que funcione en este nuevo modelo será luego replicado en otros entes públicos y entidades privadas que se sumen a la iniciativa, para ahorrar en la factura eléctrica y contribuir al refuerzo de la seguridad energética de España a corto plazo.

 La ejecución de este plan comprende el uso de un presupuesto de más de 1.070 millones de euros (manejado por Miteco) con cargo a la componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El objetivo del programa es que los entes del Estado reduzcan su consumo de energía para 2030.

 ¿Cuáles son sus medidas?

 Sus medidas específicas contemplan el establecimiento y racionalización de los horarios de uso de las instalaciones de climatización, iluminación y equipamiento de oficina; mantenimiento del nivel adecuado de ocupación de los inmuebles públicos; control adecuado de la temperatura en locales e instalaciones climatizadas; la instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo en edificios e infraestructuras públicas, y la optimización del alumbrado exterior en edificios, monumentos, parques, jardines y vías públicas, con regulación de los horarios de uso de luz eléctrica en estas, entre otras.

 Adicionalmente, los trabajadores públicos deben adaptar su dinámica laboral para reforzar el teletrabajo (lo que reduce el impacto energético); para esto, cada Ministerio y entidad estatal deberá aprobar un Plan de Trabajo que incorporará una declaración de puestos susceptibles para teletrabajar, aquellos empleados con puestos de trabajo a distancia reconocidos podrán teletrabajar tres días a la semana y acudirán dos a la oficina. Asimismo, se podrán establecer otros sistemas de trabajo a distancia cuando las condiciones lo ameriten.

 Se especifica que el sistema de teletrabajo es voluntario y que será aprobado por la Secretaría de Estado de Función Pública. Además, el porcentaje mínimo de prestación de servicios presenciales siempre deberá ser superior a 40 % a lo largo de la jornada semanal.

 Se incluye el uso del transporte colectivo de los empleados públicos para promover la movilidad sostenible así como el uso de la bicicleta, para lo cual se habilitarán estacionamientos para estos vehículos en los edificios gubernamentales.

Finalmente, se promoverá la impartición de cursos gratuitos a los empleados públicos para enseñarles sobre el uso eficiente de la electricidad en sus puestos de trabajo y en el uso del automóvil, a través de la plataforma e-learning del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (Idae)