El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la tramitación administrativa urgente de un real decreto con medidas destinadas a reforzar la resiliencia del sistema eléctrico. La propuesta, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), será sometida en los próximos días al procedimiento de audiencia e información pública.

El nuevo proyecto normativo recoge disposiciones incluidas en el Real Decreto-ley 7/2025, conocido como “decreto antiapagón”, que pueden desarrollarse mediante normativa de menor rango. Estas medidas se consideran necesarias para aumentar la estabilidad de la red eléctrica y afrontar los riesgos y oportunidades de la transición ecológica.

Entre las actuaciones previstas, destaca el establecimiento de un límite de cinco años para la validez de los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica, en un intento por prevenir la especulación y facilitar el desarrollo de proyectos industriales con demanda energética real. En caso de no ejecutarse en ese plazo o no estar vinculados a una actividad concreta, dichos permisos caducarán automáticamente.

El texto también incorpora la trasposición de normativa europea sobre repotenciación de instalaciones eléctricas, así como la fijación de plazos obligatorios para que las distribuidoras eléctricas respondan a nuevas solicitudes de conexión, medida especialmente relevante para el despliegue de puntos de recarga de vehículos eléctricos.

La tramitación urgente del decreto permitirá reducir los plazos administrativos a la mitad, con el fin de acelerar la entrada en vigor de las medidas más inmediatas.

Un nuevo intento tras el fracaso parlamentario

Esta iniciativa regulatoria llega apenas una semana después del rechazo en el Congreso del Real Decreto-ley 7/2025, tumbado el pasado 22 de julio con 183 votos en contra y 165 a favor. La norma, presentada por el Ejecutivo como un instrumento clave para evitar nuevos colapsos del sistema tras el gran apagón del 28 de abril, no logró los apoyos necesarios por la negativa de PP, Vox, Podemos, Junts y BNG.

El rechazo parlamentario supuso un freno a varias reformas estructurales previstas, como nuevas funciones de inspección para la CNMC y Red Eléctrica, el impulso a tecnologías avanzadas para gestionar desequilibrios en la red, la creación de nuevas figuras regulatorias como el “agregador independiente”, y un ambicioso plan de inversión pública de más de 900 millones de euros para modernizar la red de transporte.

Con la tramitación de este nuevo decreto, el Gobierno trata de recuperar parte del contenido del decreto-ley rechazado, adaptando su despliegue normativo y priorizando aquellas medidas que no requieren rango legal para su aprobación. El objetivo, según fuentes del MITECO, es avanzar de forma inmediata en la mejora del sistema eléctrico antes de la próxima temporada de alta demanda.