El Congreso de los Diputados ha rechazado este martes el Real Decreto-ley 7/2025, conocido como “decreto antiapagón”, con 165 votos a favor y 183 en contra. La norma, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica, buscaba reforzar la estabilidad y resiliencia del sistema eléctrico tras el gran apagón del pasado 28 de abril, que dejó sin suministro eléctrico a amplias zonas de la Península Ibérica durante varias horas.

El texto no ha logrado los apoyos suficientes tras el rechazo de PP, Vox, Podemos, Junts y BNG, en una votación marcada por la división política y las críticas a la gestión del Ejecutivo. El Gobierno pierde así una de sus principales herramientas para reforzar el sistema eléctrico antes de la próxima temporada de alta demanda.

Lo que se queda atrás

Con la caída del decreto, se frenan una serie de reformas estructurales que habían sido diseñadas para mejorar el funcionamiento y la fiabilidad del sistema eléctrico:

• Nuevas funciones de inspección y supervisión para la CNMC y Red Eléctrica Española, enfocadas en detectar deficiencias técnicas que puedan amenazar la estabilidad de la red.
• Tecnologías avanzadas como compensadores síncronos y sistemas FACTS para mejorar la respuesta del sistema ante picos de demanda o desequilibrios.
• Figuras regulatorias innovadoras, como el “agregador independiente” o el “gestor de autoconsumo colectivo”, claves para flexibilizar la gestión energética y facilitar la participación ciudadana.
•  931 millones de euros en inversión pública en la red de transporte y una planificación eléctrica trienal con revisiones bianuales, con el objetivo de acelerar la conexión de nueva demanda industrial, electrificación del transporte y despliegue renovable.
• Revisión de los hitos administrativos que afectan al avance de proyectos renovables, muchos de ellos paralizados por medidas cautelares u obstáculos burocráticos que el decreto pretendía flexibilizar.

Reacción del sector: preocupación por el impacto y el bloqueo regulatorio

Desde el sector energético, y en particular desde la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables), la no convalidación del decreto ha sido recibida con profunda preocupación. La patronal considera que el Congreso ha perdido una “oportunidad urgente y necesaria” para adaptar el marco legal a los retos actuales del sistema.

APPA advierte que, sin la modificación de hitos y plazos administrativos, miles de proyectos renovables seguirán bloqueados, incluso en casos donde existen medidas cautelares impulsadas por grupos contrarios al desarrollo renovable. Esto podría desembocar en un cuello de botella administrativo y técnico que ralentice drásticamente el despliegue de nueva capacidad.

También alertan sobre el agravamiento de los desequilibrios en el mercado eléctrico: sin estímulos a la demanda ni impulso al almacenamiento, aumentarán las horas con precios cero o negativos, cuando la energía generada no se puede aprovechar, afectando la viabilidad de proyectos ya en funcionamiento.

Además, la norma frustrada incluía el impulso al autoconsumo colectivo, especialmente importante en un país donde dos tercios de la población vive en comunidades de vecinos, así como el apoyo a soluciones de almacenamiento como el bombeo hidráulico, esenciales para una gestión eficiente del sistema.

“Esta decisión añade incertidumbre regulatoria a un sector que ha demostrado ser clave para la economía nacional y la lucha contra el cambio climático”, ha afirmado APPA, que recuerda que España alcanzó en 2024 un 57% de generación eléctrica renovable.