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El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la tribuna del Senado durante el debate del tercer Real Decreto-ley. Crédito: Congreso de los Diputados

El Gobierno saca adelante el decreto anticrisis: 172 votos a favor para las renovables


En una intensa sesión en la primera votación de la legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez, el Congreso de los Diputados tuvo en vilo hasta el último mintuo tres decretos leyes aprobados en diciembre. La jornada, llevada al límite gracias a Junts per Catalunya, finalmente dió un respiro a las energías renovables tras la aprobación del decreto anticrisis. 

En un primer momento, solo uno de los tres textos salía adelanteel de las medidas de Justicia, por 172 votos a 171El segundo, el de las pensiones, dio marcha atrás por el voto en contra de Podemos. Pero el tercero, el esperado por el sector renovable, quedaba en punto muerto: un empate con 171 votos a favor y en contra para las medidas anticrisis, producido por la abstención por error de un diputado de Sumar, parecía no recibir la tan esperada luz verde. 

Ese tercer texto, el Real Decreto Ley 8/2023, que el Congreso ponía sobre la mesa este miércoles, se vio obligado a una re-votación a voz alzada. En el segundo intento, tras obtener 172 votos a favor frente a 171 en contra gracias a la abstención de 7 diputados de Junts, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, anunciaba la convalidación del real decreto ley.

Con este resultado se da certidumbre a los entre 30.000 y 40.000 millones de inversiones en energías renovables, las prórrogas de autorización administrativa de hasta 6 meses y la fecha límite que marcará la viabilidad de la instalación de 44GW. Decisiones que el sector ya demandaba con urgencia. 

Mucho antes de conocerse los resultados de las negociaciones, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, advertía en declaraciones a Radio Nacional de España recogidas por Europa Press, que de no ser aprobado dicho decreto “se generarían una serie de quebrantos en cadena que incluyen la puesta en riesgo de más de 30.000 millones de euros en proyectos de enenergías renovables que están en tramitación y que requieren una prórroga en los plazos en los que puedan acabar de presentar sus propuestas”.

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