El Gobierno de España ha lanzado a audiencia pública el nuevo Plan Social para el Clima (PSpC), una estrategia dotada con 9.099 millones de euros que movilizará inversiones entre 2026 y 2032 para reducir la dependencia de los combustibles fósiles entre hogares vulnerables, microempresas y usuarios con menos acceso a alternativas energéticas y de movilidad sostenibles.

El plan, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMS) y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MVAU), estará cofinanciado por el Fondo Social para el Clima de la Unión Europea y se estructurará principalmente en dos grandes áreas: edificios y transporte.

Dentro del paquete de medidas, uno de los ejes más relevantes para el sector renovable será la partida destinada a comunidades energéticas y consumidores activos, que contará con una dotación de 300 millones de euros. El objetivo será impulsar el autoconsumo colectivo y los sistemas de almacenamiento energético, bajo la condición de destinar gratuitamente al menos el 10% de la energía generada o ahorrada a consumidores vulnerables del entorno.

El plan también contempla una importante apuesta por la electrificación del transporte. En concreto, el bloque de descarbonización del transporte por carretera movilizará 2.269,6 millones de euros. De esa cantidad, 846,2 millones se destinarán a apoyar la renovación de flotas de vehículos pesados por modelos eléctricos en microempresas vulnerables, mediante ayudas que podrán cubrir hasta el 100% del sobrecoste asociado a esta tecnología, además del achatarramiento de vehículos anteriores a 2020.

Asimismo, se asignarán 642 millones de euros a la adquisición de vehículos eléctricos ligeros para trabajadores autónomos y microempresas vulnerables. El programa incluye también 381,4 millones para la electrificación de flotas de transporte público urbano y otros 400 millones para el despliegue de puntos de recarga en instalaciones propias de las empresas.

El Ejecutivo enmarca esta iniciativa en un contexto marcado por la volatilidad internacional de los precios energéticos y la dependencia de combustibles fósiles importados, especialmente tras las tensiones derivadas de la crisis en Oriente Medio y el bloqueo del Estrecho de Ormuz.

Con una dotación total de 9.099 millones, el PSpC destinará el 52% de los recursos —4.723 millones de euros— al sector de los edificios, mientras que el 48% restante —4.376 millones— irá dirigido al transporte.

En el ámbito residencial, el programa contempla ayudas para la promoción de vivienda asequible y energéticamente eficiente, rehabilitación energética de barrios vulnerables, mejora de edificios residenciales y viviendas individuales, además de proyectos piloto para combatir situaciones de urgencia térmica.

También se prevé la creación de oficinas de asesoramiento y ventanillas únicas a través del programa RED-ACTÚA, con el objetivo de facilitar el acceso a las ayudas y reducir la brecha digital, especialmente en zonas rurales.

En movilidad, además de la electrificación del transporte, el plan incorpora inversiones para transporte público asequible, movilidad rural a demanda, infraestructuras ciclistas, sistemas de bicicleta pública, proyectos de intermodalidad y puntos de intercambio para fomentar el uso compartido del vehículo.

El Gobierno ha señalado que el Plan Social para el Clima busca consolidar un modelo de transición energética con impacto estructural y carácter permanente, complementando otras estrategias nacionales como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética y el Plan Estatal de Vivienda.

El proyecto permanecerá en audiencia pública hasta el próximo 29 de junio y posteriormente será remitido a la Comisión Europea para su aprobación definitiva.