El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha iniciado la tramitación de un proyecto de real decreto para conceder una subvención directa de hasta 200.000 euros a la Asociación Española de Normalización (UNE). Los fondos se destinarán a desarrollar las normas técnicas y los mecanismos de acreditación de los estándares de excelencia aplicables a proyectos de energías renovables, almacenamiento energético, redes eléctricas y producción de biometano.

El objetivo es establecer criterios comunes que permitan identificar los proyectos que superen las exigencias legales en materia social, territorial y ambiental. Estos requisitos incluirán la participación ciudadana, la generación de empleo local, la atracción de actividad económica e industrial, el fomento del autoconsumo y las comunidades energéticas, así como la ubicación de las instalaciones y su ciclo de vida.

La propuesta se encuentra en audiencia e información pública desde el 20 de julio y permanecerá abierta a alegaciones hasta el 4 de septiembre de 2026. Por tanto, la ayuda todavía no ha sido concedida ni el real decreto ha recibido la aprobación definitiva.

Un estándar voluntario con posibles ventajas administrativas

La adhesión al estándar será voluntaria para los promotores y funcionará como un mérito acreditable adicional a las obligaciones establecidas por la normativa. Según el proyecto, su reconocimiento podría favorecer la agilización de los procedimientos administrativos, incluida la priorización en el acceso y conexión a la red eléctrica o la declaración de proyecto energético preferente.

Estas ventajas no se concederán automáticamente con la aprobación del real decreto. La propuesta regula la financiación de los trabajos técnicos necesarios para desarrollar las normas que permitirán aplicar y acreditar posteriormente el estándar.

El Ejecutivo considera que la normalización de estos criterios aportará seguridad jurídica, reducirá los costes asociados a la tramitación y ayudará a disminuir la conflictividad territorial vinculada al desarrollo de nuevas infraestructuras energéticas. También busca que los proyectos generen un mayor retorno económico y social en los lugares donde se implantan.

Renovables, almacenamiento, redes y biometano

El alcance de la iniciativa no se limita a la generación renovable y las baterías. La documentación oficial incluye instalaciones de almacenamiento energético en general, además de infraestructuras de transporte y distribución de electricidad.

Para estos proyectos se elaborará un estándar de excelencia social y territorial. En el caso de la producción de biometano, se desarrollará un sello específico de excelencia social, territorial y ambiental destinado a reconocer las plantas que acrediten criterios superiores de sostenibilidad e integración local.

La medida se apoya en el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, que introdujo ambos instrumentos, y en el Real Decreto-ley 18/2026, de 29 de junio, que habilitó su desarrollo mediante normas técnicas elaboradas o adoptadas por el organismo nacional de normalización reconocido en España.

UNE elaborará las normas con la colaboración de ENAC

UNE constituirá el Comité de Excelencia Social y Territorial para Proyectos Energéticos, denominado GET-UNE 30. En él estarán representadas entidades de los sectores de la generación, el almacenamiento y la distribución energética, junto con organizaciones de carácter social y territorial.

El comité deberá elaborar un plan de acción, establecer un calendario de reuniones y definir los contenidos técnicos del futuro estándar. Las propuestas serán sometidas posteriormente a información pública antes de alcanzar una norma definitiva.

UNE también trabajará con la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) en la elaboración de la norma que regulará los mecanismos de acreditación. Las actuaciones estarán supervisadas por la Secretaría de Estado de Energía.

Financiación con los presupuestos prorrogados

La subvención tendrá una cuantía máxima de 200.000 euros y se financiará con los Presupuestos Generales del Estado de 2023, prorrogados para 2026. Para habilitar los fondos deberá aprobarse previamente la correspondiente modificación presupuestaria.

El pago se realizará de forma anticipada una vez emitida la resolución de concesión. UNE estará exenta de constituir garantías por su condición de entidad sin ánimo de lucro y reconocida de utilidad pública, aunque deberá acreditar que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.