El último Consejo de Ministros celebrado tomó una serie de medidas para avanzar en la transición energética en España en España y que, además llegan también como respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania, como es por ejemplo el aumento del precio de la energía. Así, se extiende seis meses el plazo para que los proyectos de energías renovables en tramitación que sumen 43 GW (en total un 80% de fotovoltaica y un 20% de eólica) obtengan la autorización de construcción.

Esta prórroga viene precedida por un clima de inseguridad y preocupación en el sector. Como informaron desde la Unión Española de Fotovoltaica (UNEF), el pasado mes de enero, tanto el Ministerio como las Comunidades Autónomas, concedieron Declaraciones de Impacto Ambiental positivas a, aproximadamente, 40 GW de potencia instalada vinculada a proyectos de energía solar en suelo. Sin embargo y debido a lo exhaustivos y rigurosos que son los estudios ambientales que deben pasar todos los proyectos de energía solar en España, gran parte de ellos debían realizar modificaciones significativas,como reducciones significativas de MW o soterramientos de líneas que deben someterse a consulta pública para garantizar la participación ciudadana, antes del 25 de julio de 2023 para obtener la Autorización Administrativa de Construcción.

La ampliación de este hito supone, de esta manera, una oportunidad para que las empresas promotoras puedan consolidar los esfuerzos realizados hasta la fecha para que los proyectos sigan su curso cumpliendo con los mayores estándares de integración social y ambiental, a la vez que la ciudadanía cuenta con un plazo mayor para conocerlos y participar en su rediseño e integración.

“La ampliación del plazo de Autorización Administrativa de Construcción, que vencía el próximo 25 de julio, es una gran noticia para el sector que veía en el vencimiento de esta fecha un riesgo para la viabilidad de proyectos clave para la culminación de la transición energética de nuestro país. Por ello, quremos agradecer al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico este esfuerzo de flexibilidad que ha realizado con esta prórroga”, declaró Rafael Benjumea, presidente de UNEF.

“Que un número significativo de estos GW pueda llegar a buen puerto cumpliendo con los mayores ratios de participación ciudadana, gracias a la ampliación de los plazos de consulta pública por seis meses más, es una garantía de éxito para la culminación de una transición energética justa y sostenible”, recordó Benjumea.

PNIEC, a consulta pública

Además, el Consejo de Ministros abordó la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030, que desarrolla la política de transformación energética y cumple con los compromisos adquiridos con la Unión Europea.

En consecuencia, como informaron desde el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), se ha elaborado este borrador de actualización del PNIEC 2023-2030, que incluye unos objetivos acordes a la reducción de emisiones adoptada a nivel europeo, y que se concretarán en los siguientes resultados en 2030:

-        32% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990

-        48% de renovables sobre el uso final de la energía

-        44% de mejora de la eficiencia energética en términos de energía final

-        81% de energía renovable en la generación eléctrica

-        Reducción de la dependencia energética hasta un 51%

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, señaló que de esta forma se inicia el proceso de consulta pública del PNIEC, con el objetivo de que esté finalizado en junio de 2024. Rodríguez ha subrayado la importancia de esta iniciativa para atraer inversiones y despejar incertidumbres, así como los beneficios sociales que supone, desde la renovación de las viviendas y la apuesta por el autoconsumo hasta las nuevas oportunidades de empleo y formación.

Actualizaciones del PERTE VEC

En otro orden, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, indicó que se prevén dos nuevas deducciones, del 15%, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para la compra de vehículos eléctricos y la instalación de sistemas de recarga de baterías para vehículos eléctricos. El máximo de la deducción que se podrá aplicar desde el momento de la adquisición del vehículo será de 20.000 euros. “Se trata de consolidar las inversiones en marcha en nuestro país para la modernización de la industria automovilística, dentro del conocido como PERTE VEC, para que España se sitúa la vanguardia del despliegue en Europa del vehículo eléctrico y conectado”, manifestó.

En el ámbito del Impuesto de Sociedades se incorpora un incentivo fiscal destinado a promover las instalaciones de recarga, tanto de uso privado como las accesibles al público, y se simplifica la tramitación administrativa de la instalación de infraestructuras de recarga de hasta 3 MW, frente a los 250 kilovatios actuales.