El Consejo de ministros ha dado luz verde al inicio de la tramitación legislativa para el restablecimiento de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), una entidad de derecho público de ámbito estatal con personalidad jurídica propia. La propuesta, presentada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa (MINECO), tiene como objetivo enfrentar los desafíos de la emergencia climática y la transición hacia un modelo energético más sostenible.

La CNE, que funcionó como regulador energético desde 1995 hasta 2013, se constituirá con plena autonomía orgánica y funcional, independencia del Gobierno, las Administraciones Públicas y el mercado, y estará sometida al control parlamentario y judicial. Su mandato será supervisar y controlar los mercados eléctricos, de hidrocarburos líquidos, gas natural, hidrógeno verde y otros gases renovables.

En un esfuerzo por adaptarse a la transformación de los mercados energéticos y la lucha contra el cambio climático, la CNE desempeñará funciones de inspección y sanción, arbitraje, información, atención y tramitación de reclamaciones de agentes y consumidores. Además, participará en la supervisión de tomas de participaciones empresariales en el sector energético y actuará como órgano consultivo en su ámbito de actuación.

El Consejo de Administración estará compuesto por siete miembros, incluyendo al presidente y vicepresidente, con un mandato de seis años sin posibilidad de reelección. El Gobierno aprobará el Estatuto Orgánico de la CNE, definiendo sus funciones y estructura interna.

Fondo para las liquidaciones del sector eléctrico y del gas

El proceso de creación de la CNE también contempla la formación del Fondo para la Gestión Económico-Financiera de las Liquidaciones del Sector Eléctrico y del Sector del Gas (FGLSEG), encargado de gestionar los ingresos y pagos correspondientes a las liquidaciones de peajes, cargos, cánones, precios y retribuciones reguladas de los sectores eléctrico y gasista. Este fondo se encargará de asegurar la estabilidad económica de ambos sectores durante la transición hacia fuentes de energía más sostenibles.

Se espera que la nueva entidad esté completamente operativa en un plazo de cuatro meses desde la aprobación de la Ley de creación, marcando un hito importante en el impulso de la transición ecológica en España.