El Ministerio de Energía de Chile ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley con un Mecanismo Transitorio de Protección al Cliente que permitirá que no aumenten los precios de la electricidad -durante 2022- para 80 % de los clientes residenciales y pequeños comercios así como la creación de un Fondo de Estabilización y Emergencia de USD2.000 millones para estabilizar las facturas a largo plazo (con aumentos graduales durante los próximos diez años) y cubrir emergencias energéticas.

 La propuesta ministerial propone cambios por tramos de consumo en 2022 de la siguiente manera: Por menos de 250 kWh sería precio estabilizado + IPC; Entre 250 y 500 kWh sería precio estabilizado + IPC + 10%, y superior a 500 kWh sería un precio estabilizado + IPC + 15%. A partir de 2023 hasta su conclusión sería: Por debajo de 250 kWh un precio estabilizado + IPC + 5%; entre 250 y 500 kWh se fija el precio estabilizado + IPC + 15%, y por encima de 500 kWh sería el precio de nudo.

 El ministro de Energía chileno, Claudio Huepe, dijo al presentar la propuesta que “este mecanismo de focalización protege principalmente a clientes regulados residenciales y pequeños comercios” tomando en cuenta que “una familia promedio en Chile consume mensualmente entre 200 y 250 kWh. (...) Con esto logramos apoyar a las familias que más lo necesitan”.

 El financiamiento de este nuevo mecanismo se hará a través de un cargo adicional diferenciado por tramos de consumo para que quienes más usan el sistema eléctrico sean quienes más paguen, a saber: quienes tengan un consumo mensual menor o igual 250 kWh estarán exentos, quienes registren un consumo mensual mayor a 250 y menor o igual a 500 kWh pagarán 0,82 pesos por kWh, mientras quienes tengan un consumo mensual mayor a 500 y menor o igual a 1000 kWh pagarán 1,8 pesos por kWh. Se estableció un pago de 2,5 pesos por kWh para los usuarios que consuman más de 1000 kWh al mes.

 El mecanismo contará con un Fondo de Estabilización y Emergencia Energética (administrado por el Coordinador Eléctrico Nacional) que podría tener hasta USD2.000 millones (o su equivalente en pesos chilenos) y que se usaría como un seguro para el sistema eléctrico.

 En comunicado oficial del Ministerio de Energía se lee que “el mecanismo da una señal de estabilidad regulatoria al no intervenir los acuerdos de largo plazo con las empresas generadoras” que percibirán el monto total de acuerdo con lo establecido en sus respectivos contratos, “lo que evita poner en riesgo decisiones de inversiones futuras necesarias para la descarbonización.”