El Congreso Nacional de Honduras aprobó en tercer y último debate la Ley de Justicia Energética, una reforma del marco legal del sector eléctrico que reorganiza la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) y establece nuevas reglas para la contratación de energía, con el objetivo de modernizar el sistema, reducir las pérdidas y mejorar el suministro eléctrico del país.

Uno de los principales cambios introducidos por la normativa es la reorganización de la Enee. La empresa pública pasará a funcionar como empresa matriz, mientras las actividades de generación, transmisión y distribución quedarán separadas en compañías subsidiarias con autonomía administrativa, técnica, operativa y financiera.

La reforma mantiene, sin embargo, la propiedad pública de la compañía. El Estado hondureño conservará el 100% de las acciones de las nuevas subsidiarias a través de la Enee, mientras que los activos de la eléctrica permanecerán bajo la titularidad de la empresa matriz y serán asignados a las subsidiarias para su administración, operación, mantenimiento y custodia.

La reorganización busca responder a algunos de los principales problemas que enfrenta el sistema eléctrico hondureño, entre ellos las elevadas pérdidas de la Enee, las limitaciones de las redes y los problemas de suministro. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, había advertido antes de la aprobación que las pérdidas de la empresa superan los 16.000 millones de lempiras anuales (600 millones de dólares aproximadamente) y había señalado la necesidad de actuar sobre generación y transmisión para reducir los problemas de suministro.

Licitaciones públicas para la compra de energía

Otro de los puntos relevantes para el sector energético es el cambio en los mecanismos de contratación. La nueva normativa establece la licitación pública como regla general para la compra de energía, bajo principios de transparencia, competencia, igualdad y eficiencia económica.

La legislación también contempla la posibilidad de recurrir a subastas inversas cuando este mecanismo resulte conveniente para el sistema eléctrico.

Además, incorpora medidas dirigidas a combatir las pérdidas y el hurto de electricidad, modernizar los sistemas de medición, fortalecer la regulación y promover nuevas inversiones y tecnologías.

La reforma establece asimismo un congelamiento temporal de las tarifas eléctricas. Una vez que la normativa entre en vigor, la tarifa aplicada en el último recibo no podrá incrementarse durante seis meses. El Congreso podrá ampliar esta medida por otros seis meses.

Las renovables, en una segunda fase

El desarrollo de las energías renovables será objeto de un proceso separado. Antes de la aprobación de la Ley de Justicia Energética, Zambrano explicó que, además de la iniciativa presentada por el Gobierno del presidente Nasry Asfura, existe una propuesta específica relacionada con las energías renovables que será abordada posteriormente.

El Congreso prevé constituir una mesa de trabajo con un plazo de 60 días para elaborar propuestas sobre otros asuntos del sector energético, entre ellos las renovables, así como el robo y hurto de electricidad y las pérdidas financieras.

En este proceso está prevista la participación de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree), la Secretaría de Energía, diputados y otros organismos vinculados al sector.

La modernización del sistema eléctrico y de sus redes será un elemento relevante para la incorporación de nueva capacidad de generación en Honduras, mientras el país avanza hacia una segunda fase del debate energético en la que se definirán las medidas específicas relacionadas con las energías renovables.