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La Moncloa

Regulación energética, hidrógeno verde y excepción ibérica: claves de España para la descarbonización


La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, compadeció ante los medios tras el Consejo de Ministros celebrado en el que, entre otros temas, se ha debatido sobre los últimos movimientos en cuanto al desarrollo de las energías renovables se refiere. Tal y como adelantó Pedro Sánchez en la jornada anterior, el Gobierno aprobó el Real Decreto por el que apoyará a los 4 proyectos españoles de hidrógeno verde aprobados por la Unión Europea. Asimismo, propondrán a la Comisión Europea nuevas medidas para la renovación del mercado eléctrico europeo, que irán desde el desarrollo del almacenamiento hasta la realización de contratos a plazos de energía.

En cuanto al hidrógeno verde, Ribera destacó el deseo del Gobierno español por avanzar en la descarbonización industrial y por el desarrollo de las renovables para apoyar al sector energético. Por lo tanto, el Gobierno destinará una partida de 74 millones de euros para los cuatro proyectos de hidrógeno en España, ubicados en distintas localizaciones como Sevilla, Asturias, Navarra, País Vasco, Madrid, Valladolid y Barcelona.

La adjudicación se enmarca en el Proyecto Importante de Interés Común Europeo (IPCEI) Hy2Tech, encaminado a apoyar la investigación y la industria del hidrógeno renovable. Las iniciativas españolas forman parte de los 41 proyectos seleccionados por la Comisión Europea, correspondientes a 15 estados. Cabe señalar que estos cuatro proyectos van desde la fabricación de electrolizadores al desarrollo de vehículos comerciales propulsados por hidrógeno.

“España está a la cabeza del hidrógeno verde y estamos en buenas condiciones a nivel geográfico y tecnológico, y apostamos por fortalecer las interconexiones, con una Europa unida que aprovecha sus capacidades, también con el hidrógeno”, explicó Ribera, que apuntó a los últimos datos que muestran el desarrollo de España en torno al hidrógeno: “El 78% de las patentes presentadas a nivel mundial proceden de España”.

Así, con las últimas medidas aprobadas, se pretende apoyar al sector desde el punto de vista de recursos, desarrollando medidas regulatorias, facilitando el transporte y la certificación. Todo ello, con el objetivo de mantener el liderazgo global de esta tecnología energética con una inversión total de 1.555 millones de euros en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Mercado interior eléctrico y solución ibérica

También en el ámbito energético, el Gobierno ha abordado el informe sobre la propuesta de reforma del mercado mayorista de la electricidad en la Unión Europea. Ribera explicó que propondrán a la Comisión Europea distintas medidas para renovar, actualizar y agilizar la regulación energética de la UE. “Necesitamos una seguridad con respecto al acceso de energía, al suministro, contar con energía a precios razonables. Necesitamos reducir la inmensa volatibilidad en los precios de la energía”, recalcó.

Para la ministra, los contratos a plazos de energía y el desarrollo del almacenamiento son piezas clave para actualizar una regulación que data de finales del siglo XX. “Hemos querido plantear una respuesta en la que debemos ofrecer contratos a plazos de energía. Asimismo, el peso de las renovables es mayor y necesita contar con un servicio de almacenamiento y cobertura para aquellos momentos en que las renovables no estén funcionando. Proponemos a la Comisión tomar en consideración las ideas que nos parecen más adecuadas en beneficio de consumidores e inversores para garantizar un sistema justo y equitativo”, desarrolló.

“Es imprescindible actualizar las directivas que regulan el mercado interior de la electricidad, anclado a finales del siglo XX. La reforma de estas características puede que no tenga efectos inmediatos, pero irá reduciendo la volatilidad y nos permitirá una convivencia con los mercados a corto plazo”, indicó Ribera.

Finalmente, y en consecuencia con las soluciones y medidas aportadas por el Gobierno, Ribera pedirá una prórroga a la solución ibérica de España y Portugal, la cual ya ha supuesto “un ahorro de 4.500 millones de euros a las familias españolas”. Para Ribera, esta solución supone “una modernización de nuestro marco regulatorio”, que ha supuesto una gran eficacia en los dos países de la Península Ibérica.

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