El Senado de México ha aprobado una reforma constitucional que modifica los artículos 25, 27 y 28, priorizando al Estado en la generación de energía eléctrica. Esta normativa, impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, redefine la naturaleza jurídica de las empresas estatales en el sector energético, entre otros aspectos. 

La nueva normativa fue aprobada con 86 votos a favor, 39 en contra y una abstención, para después ser enviada a las legislaturas estatales para su consideración. 

¿En qué consiste la reforma? 

La nueva reforma elimina el concepto de “empresas productivas del Estado”, incorporado al texto constitucional por recomendaciones de organismos financieros internacionales, lo que desnaturalizó la obligación del Estado de garantizar el servicio público de electricidad y lo redujo a la mera obtención de utilidades. 

Con la reciente normativa, se sustituye el término “empresas productivas del Estado” por “empresas públicas del Estado”. Así, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) son nuevamente clasificadas como empresas públicas estatales, lo que implica que no estarán en igualdad de condiciones frente a las empresas privadas. 

Además, se propone que “en ningún caso” las empresas privadas prevalecerán sobre las estatales en diversas actividades de la industria eléctrica, y que, en el caso del litio, no se otorgarán concesiones a los privados. 

Transición energética, ¿en manos de quién? 

Otra de las reformas incluidas en la iniciativa es la eliminación de un párrafo de la Constitución que asigna al Estado mexicano la responsabilidad de llevar a cabo la “transición energética” hacia fuentes renovables y no contaminantes. Según el gobierno, esta disposición libera a los privados de cualquier responsabilidad en esta tarea. 

Según Sheinbaum, se eliminó este párrafo porque “no quedaba claro exactamente a qué se referían; formalmente era para la transición energética, pero en el párrafo no queda claro si era solo obligación del Estado, la planeación de la transición o también la producción de todas las fuentes renovables de energía”. 

"Queremos la transición energética, queremos más fuentes renovables de energía, pero no necesariamente tiene que quedar establecido en la Constitución, particularmente en los artículos donde de lo que se habla principalmente es de las características de las empresas públicas", señaló Sheimbaum, quiien afirmó que el párrafo eliminado de la Constitución será incluído en "leyes secundarias". 

Sobre este tema, la senadora Amalia García Medina, exintegrante del Partido Comunista Mexicano, Partido Socialista Unificado de México, Partido Mexicano Socialista y fundadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) señaló que “es muy grave la eliminación de este párrafo” que hacía hincapié en que el gobierno utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación con el fin de reducir las emisiones de gases con componentes de efecto invernadero. 

García resaltó que la presidenta mexicana no está siendo consecuente con algunas de sus promesas. “La propia Claudia había dicho en enero de 2024 que tenía el compromiso de hacer una reducción de las emisiones que provocan el calentamiento climático y el pasado 11 de octubre dijo que tenía el propósito de que para 2030 las energías limpias representen 45% de la energía eléctrica. Además, el inicio del actual gobierno de la presidenta coincide con lo que inicialmente se había fijado como el plazo para dar resultados en materia de control del calentamiento global. No veo que se está actuando con una visión de estado. México es el único país del G20 sin compromisos estratégicos para llegar a cero emisiones”. 

La nueva reforma también plantea que no se considerarán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en sectores estratégicos, como el servicio de Internet que éste provea y la planificación y control del sistema eléctrico nacional. De esta forma, si la generación de la CFE pasa del 50%, no se considerará monopolio. 

Además, Sheinbaum hizo hincapié en una conferencia matutina, que el objetivo de esta reforma es que la CFE tenga al menos 54% de la generación de energía y que 46% lo puedan proveer empresas privadas a partir de una planeación energética y “reglas muy claras”. 

La presidenta mexicana también aseguró que “se respetarán” todos los contratos actuales y que habrá mesas de trabajo para que “se entienda cómo pueden participar y en dónde pueden participar” los inversionistas privados. 

En la reforma eléctrica de Morena se eliminó la obligación que tiene el Estado para la transición energética mediante el uso de energías sustentables. Es lamentable que no se esté protegiendo la vida de esta y las generaciones venideras. @amaliagarciamx pic.twitter.com/aVMmo0EFKN

— Clemente Castañeda H (@ClementeCH) October 17, 2024