El Panel de Expertos, organismo encargado de resolver los desacuerdos del sector eléctrico, se pronunció frente al conflicto que mantienen las empresas generadoras y transmisoras: los transmisores se negaron a devolver recursos a los generadores, suma que asciende a US $142 millones. 

Esta pugna comenzó después que el Coordinador Eléctrico hizo la reliquidación de los pagos que se habían realizado entre enero y octubre del año pasado, bajo los criterios fijados por la Comisión Nacional de Energía CNE, derivado de la aplicación de la Ley de Transmisión de 2016 que cambió la forma en que se remunera este servicio.

La resolución del organismo de control causó grandes sorpresas en la industria, en en el documento de 197 páginas se repasa todo el contexto de la situación y las soluciones pertinentes.

El Panel comenta en su decisión que "los caminos a seguir para resolver el conflicto planteado no tienen un correlato literal o previsto en forma expresa en la normativa vigente, por lo que éstos deben ser definidos atendiendo los objetivos y el espíritu perseguido por dicha normativa”. 

Algunos afirman que este caso se enmarca en un contexto donde la regulación fue ‘sobrepasada’ frente a su concepción original. El Panel de Expertos reconoce que no había una solución transversal, sino que propone una fórmula que permita el mejor balance.

El organismo fijó que el saldo total a devolver, según el Informe de Revisión de Peajes del Sistema de Transmisión Nacional correspondiente a 2019, se hará de forma gradual a las empresas generadoras pertinentes, en la medida que las empresas transmisoras lo vayan recibiendo por la vía de la recaudación del cargo único de transmisión determinado por la CNE.

Las empresas transmisoras deberán devolver a todas las empresas generadoras, con contratos libres adscritos al mecanismo CET, los montos de los descuentos que efectivamente dichas generadoras hayan realizado en tales contratos a sus clientes en 2019. Es decir, el principio del dictamen es que sólo se devolverán recursos en la medida que se pueda cobrar a través del cargo único.

Algunos creen que la instancia se excedió en sus facultades, pues al no existir una salida en la normativa, debía dejar a las autoridades trazar la hoja de ruta. La decisión es inapelable, pero el Ministerio de Energía podría declararlo ilegal de considerarlo pertinente, acudiendo a la Contraloría.