La Agencia Nacional de Energía Eléctrica de Brasil (ANEEL) ha abierto una consulta pública sobre la metodología para repartir el coste del Encargo de Reserva de Capacidad asociado a los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (Ercap-SAE), mientras la Asociación Brasileña de Soluciones de Almacenamiento de Energía (ABSAE) advierte de que el debate regulatorio pone de manifiesto la necesidad de modificar antes la legislación que establece quién debe asumir este coste.

La Consulta Pública nº 37/2026, aprobada por la ANEEL el 6 de octubre, estará abierta durante 30 días, del 8 de octubre al 6 de noviembre. La propuesta establece la base de cálculo y la metodología de reparto del Ercap-SAE, un mecanismo vinculado a la contratación de sistemas de almacenamiento en baterías. La agencia aclara que la propuesta se limita a este encargo y no regula el Encargo de Reserva de Capacidad General (Ercap-Geral), con el objetivo de evitar una superposición entre ambos regímenes.

Según la minuta de resolución de la ANEEL, el reparto del Ercap-SAE afectaría a los titulares de autorizaciones o registros de centrales de generación que sean agentes de la Cámara de Comercialización de Energía Eléctrica (CCEE). Quedarían excluidos la micro y minigeneración distribuida (MMGD) y el almacenamiento autónomo. La base de cálculo sería la energía efectivamente asociada a cada agente de generación durante el periodo de liquidación, mientras que el Operador Nacional del Sistema Eléctrico (ONS) publicaría anualmente la clasificación de los proyectos que se aplicaría al año siguiente.

La propuesta también contempla que el Ercap-SAE forme parte de la estructura de financiación de la reserva de capacidad a través de la Cuenta de Potencia para Reserva de Capacidad (CONCAP). Durante la consulta, la ANEEL organizará además un taller para debatir la metodología de reparto, los índices y niveles de flexibilidad, los criterios de elegibilidad, la separación entre el Ercap-Geral y el Ercap-SAE y los mecanismos de cálculo, transferencia y liquidación.

ABSAE considera positiva la apertura de la consulta, pero cuestiona el marco legal. La asociación señala que la legislación vigente establece que los generadores deben asumir el coste de la contratación de baterías, pero no fija criterios suficientes para determinar cómo debe realizarse ese reparto. Según ABSAE, la ley define quién paga, pero deja sin especificar aspectos como la base sobre la que se aplica el cargo, la periodicidad de cálculo y los criterios para diferenciar entre generadores.

La asociación también sostiene que el debate de la ANEEL y las contribuciones del ONS reconocen que el LRCAP-Almacenamiento contrata disponibilidad de potencia y que la necesidad de esta capacidad se concentra principalmente en los momentos de máxima demanda. ABSAE relaciona esta lógica con la propuesta del Ministerio de Minas y Energía incluida en la Consulta Pública 229/2026, que plantea repartir el encargo entre los usuarios finales en función de la demanda durante los periodos de máxima carga del Sistema Interconectado Nacional.

Ante este escenario, ABSAE defiende que el sistema de reparto debe contar con una base de pagadores suficiente, criterios objetivos y previsibilidad de ingresos para ofrecer seguridad a los contratos de largo plazo. También pide mecanismos para cubrir posibles impagos puntuales y evitar que estos riesgos recaigan sobre los proyectos contratados.

La asociación considera, sin embargo, que la regulación del reparto no resuelve el problema de fondo. ABSAE pide revocar el apartado 6 del artículo 3-A de la Ley 10.848/2004, una modificación que forma parte del Proyecto de Ley 3.716/2026 y que, según la asociación, eliminaría el tratamiento excepcional aplicado al almacenamiento en baterías.

ABSAE sostiene además que la discusión sobre la metodología del Ercap-SAE no debería convertirse en una condición para celebrar el LRCAP-Almacenamiento, ni retrasar la firma de los contratos de reserva de capacidad con los proyectos seleccionados. Según la asociación, la regulación del encargo y la formalización de los contratos de uso de potencia deben estar terminadas 30 días antes del inicio del suministro, es decir, en julio de 2028.

La consulta pública de la ANEEL permanecerá abierta hasta el 6 de noviembre, mientras el debate sobre cómo financiar la reserva de capacidad contratada mediante baterías continúa entre el regulador, los agentes del sector y las organizaciones vinculadas al almacenamiento.