España aprueba el decreto de centros de datos con nuevas condiciones de conexión, renovables y flexibilidad
El Gobierno de España ha aprobado un real decreto que regula los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos, con nuevas condiciones para obtener derechos de acceso y conexión a la red eléctrica. La normativa mantiene la exigencia de acreditar un 80% de consumo de electricidad renovable con correlación horaria, anunciada en agosto, pero modifica aspectos del proyecto inicial, como el umbral de potencia de las instalaciones sujetas a los principales requisitos energéticos y el período de adicionalidad de la generación renovable.
La medida, que había sido anunciada en agosto, hoy. ha sido aprobada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y responde al desarrollo reglamentario del Real Decreto-ley 7/2026 y busca acompasar el crecimiento de la demanda de los centros de datos con la incorporación de generación renovable al sistema eléctrico.
Según el Ejecutivo, el consumo prácticamente constante de estas instalaciones puede incrementar las necesidades de generación convencional cuando no existe suficiente capacidad para adaptar la demanda a la disponibilidad renovable. En este contexto, la regulación establece obligaciones de consumo, mecanismos de verificación y compensaciones económicas en caso de determinados incumplimientos.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sara Aagesen, vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, advirtió sobre las consecuencias económicas que podría tener la expansión de los centros de datos sin las condiciones previstas en la norma.
«En ausencia de este Real Decreto, tendríamos un impacto de 5.000 millones de euros en nuestras facturas; tenemos distintos escenarios, pero nos llevaría, por ejemplo, a que los consumidores industriales tendrían que pagar un 25% más por la energía eléctrica consumida», afirmó Aagesen.
Estas cifras corresponden a escenarios estimados por el Gobierno y no a sobrecostes ya registrados ni a ahorros económicos materializados.
El umbral energético pasa de 1 MW a más de 10 MW
Una de las modificaciones respecto a la propuesta sometida a consulta pública en agosto afecta a la potencia de los centros de datos sujetos a los principales requisitos de acceso y conexión.
Mientras que el proyecto inicial contemplaba obligaciones para instalaciones a partir de 1 MW, el texto aprobado establece las condiciones energéticas de acceso y conexión para los grandes centros de datos con más de 10 MW de potencia eléctrica.
Estas instalaciones deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos relacionados con la procedencia renovable de la electricidad y los criterios de correlación horaria y adicionalidad.
El nuevo umbral no significa que los centros de menor potencia queden exentos de todas las obligaciones. La norma mantiene requisitos diferenciados de información, eficiencia energética y soberanía digital, en función del tamaño y las características de las instalaciones.
En particular, las exigencias de soberanía digital aplicables a los sistemas de información de categoría ALTA del Esquema Nacional de Seguridad deberán cumplirse con independencia de la potencia del centro de datos.
Se mantiene el 80% de renovables y se amplía la adicionalidad a 36 meses
El real decreto conserva el requisito, ya anunciado en agosto, de que los centros de datos sujetos a las obligaciones energéticas acrediten un consumo renovable mínimo del 80% con correlación horaria.
Esto implica que el cumplimiento deberá justificarse hora a hora, y no únicamente mediante un balance anual de electricidad renovable.
La exigencia permanecerá vigente hasta que las renovables representen más del 90% del mix eléctrico nacional.
Sin embargo, el Gobierno ha modificado el criterio de adicionalidad respecto al proyecto inicial. La generación renovable utilizada para acreditar el consumo podrá haberse incorporado al sistema eléctrico hasta 36 meses antes de la entrada en funcionamiento del centro de datos, frente a los 18 meses contemplados anteriormente.
La regulación prevé excepciones para las instalaciones fotovoltaicas, determinadas plantas de biomasa y proyectos de repotenciación.
Para acreditar el cumplimiento de las obligaciones energéticas podrán considerarse el autoconsumo, el almacenamiento y los contratos de suministro eléctrico de más de seis años de duración.
Estas condiciones vinculan el desarrollo de los centros de datos con la contratación de electricidad renovable y la disponibilidad de recursos capaces de adaptar su consumo a las características del sistema.
La norma introduce una alternativa temporal vinculada a la reducción de potencia
Otra de las novedades del texto aprobado es la incorporación de un mecanismo alternativo de cumplimiento durante los cinco años posteriores a la aprobación del decreto.
Los centros de datos que participen en el Sistema de Reducción Automática de Potencia, con prioridad de desconexión, podrán acogerse a requisitos diferenciados de consumo renovable adicional.
Hasta el 31 de diciembre de 2028, deberán justificar un 60% de consumo renovable adicional durante las horas punta correspondientes al período tarifario P1.
Desde entonces y hasta finalizar el período transitorio de cinco años, el porcentaje aumentará al 70% durante las horas punta y llano, correspondientes a los períodos P1 y P2.
Esta alternativa introduce un vínculo entre la acreditación del consumo renovable y la capacidad de los centros de datos para reducir su demanda eléctrica cuando lo requiera el sistema.
La participación en este mecanismo estará asociada a las condiciones de reducción automática de potencia establecidas en la regulación.
Incumplimientos con compensaciones económicas y suspensión de derechos
El real decreto incorpora un sistema de compensaciones económicas automáticas para los incumplimientos de los requisitos de correlación horaria y adicionalidad.
Las compensaciones se aplicarán sobre las facturas eléctricas de los centros de datos y serán proporcionales a las desviaciones registradas, con el objetivo de evitar que los costes derivados de esos incumplimientos sean asumidos por el resto de los consumidores.
Los ingresos obtenidos se destinarán a la retribución de los mecanismos de capacidad del sistema eléctrico.
Estas compensaciones serán independientes de las sanciones administrativas que puedan corresponder según la gravedad del incumplimiento.
Entre las consecuencias previstas figura la suspensión del derecho de acceso y conexión durante un período de hasta tres años.
En cuanto a los proyectos que ya se encuentran en tramitación, el Gobierno establece un plazo de seis meses para adaptarse a los nuevos requisitos y acreditar su cumplimiento.
Este período se reducirá a tres meses para los proyectos que estén pendientes de la celebración de un concurso de acceso a la red.
Alternativamente, los promotores podrán renunciar a los derechos de acceso y conexión sin que se ejecuten las garantías correspondientes.
Nuevas exigencias de eficiencia hídrica y energética
Además de los requisitos de suministro eléctrico, la norma incorpora obligaciones de eficiencia hídrica y energética vinculadas al futuro sistema europeo de etiquetado de centros de datos, desarrollado en aplicación de la Directiva (UE) 2023/1791.
Durante el régimen transitorio, el decreto contempla un indicador de eficacia en el uso del agua (WUE) igual o inferior a 0,1 y un indicador de eficiencia energética (PUE) igual o inferior a 1,25.
El MITECO desarrollará una metodología para determinar las exigencias energéticas en función de las zonas climáticas del país, teniendo en cuenta las tecnologías disponibles y el objetivo de reducir el consumo de agua.
Asimismo, los centros de datos de más de 500 kW deberán remitir anualmente información sobre su eficiencia energética y sostenibilidad, de acuerdo con el Reglamento Delegado (UE) 2024/1364.
Las instalaciones de más de 1 MW deberán comunicar, además, si aplican las mejores prácticas recogidas en el código de conducta europeo sobre eficiencia energética de los centros de datos y cómo lo hacen.
Requisitos de soberanía digital para sistemas públicos
El decreto también regula las condiciones de soberanía digital de los centros de datos que alberguen sistemas de información de categoría ALTA del Esquema Nacional de Seguridad.
Entre las garantías previstas se encuentran la permanencia de los datos más sensibles en el Espacio Económico Europeo, la disponibilidad de medios personales y materiales dentro de la Unión Europea o el Espacio Económico Europeo y el control efectivo de los accesos desde terceros países durante las operaciones de administración, soporte o mantenimiento.
Estas obligaciones se aplicarán independientemente de la potencia eléctrica de la instalación, debido a la criticidad de los sistemas de información alojados.
Con la aprobación del real decreto, el Gobierno introduce condiciones específicas para vincular la conexión de grandes centros de datos al consumo renovable, la adicionalidad de la generación y la participación en mecanismos de gestión de la demanda.
La aplicación de estos requisitos deberá determinar cómo se desarrolla la nueva capacidad de centros de datos y qué papel desempeñan los contratos de suministro renovable, el almacenamiento y la flexibilidad en su integración al sistema eléctrico español.





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