El Gobierno de España ha presentado hoy un plan sin precedentes para que el grupo semipúblico Redeia expanda las redes de alta tensión hasta 2030. Según explicó la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, se prevén inversiones por 13.590 millones de euros.

Aagesen destacó esta iniciatova es "un marco para anticipar el despliegue de redes durante esta década, impulsar proyectos de descarbonización y modernización de la economía y reforzar la competitividad de España".

Una expansión necesaria

La Propuesta de Planificación Energética a 2030 permitirá multiplicar por 14 la capacidad disponible de la red de alta tensión, pasando de 2.000 MW actuales a 27.700 MW.

Este incremento está diseñado para atender la demanda de grandes consumidores, como centros de datos e industrias, y garantizar la integración de energías renovables. Además, está destinada a  cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 (PNIEC).

En respuesta a la demanda conectada a la red de transporte, este plan contemplaría: 

• 13,1 GW para producción de hidrógeno verde.
• 9 GW para proyectos industriales.
• 1,2 GW para electrificación portuaria.
• 3,8 GW para centros de datos.
• 560 MW para electrificación ferroviaria.
• 1,8 GW para desarrollos residenciales y nuevas viviendas.

El plan llega en un momento crítico: más del 83% de la red de distribución eléctrica en España se encuentra saturada, según los últimos mapas de capacidad publicados por Aelec. Esta situación limita nuevas conexiones y amenaza la electrificación de la industria, la vivienda y la movilidad eléctrica.

Inversión en distribución orientada al control y la demanda

En el caso de la red de distribución, el destino de este volumen de inversión adicional está condicionado a que se destine a mejorar la red, a cubrir nuevas necesidades de consumo, contribuyendo a compartir y compensar el coste del despliegue de infraestructuras en las facturas de los consumidores, y a proteger la avifauna contra colisión y electrocución.

• Al menos el 10% debe mejorar el control de tensión e incorporar telemando y telecontrol, con la finalidad de aumentar la visibilidad y la transparencia de datos, entre otras ventajas.
• Un máximo del 15% podrá ser para inversiones anticipatorias, entendidas como aquellas a ejecutar durante los tres años siguientes en zonas sin red donde se prevea una dinamización de las demandas y la atracción de industria.
• Hasta un 5% en adaptar las redes existentes para proteger la avifauna, ya que las nuevas se diseñan y construyen con criterios de protección.
• Inversiones necesarias para satisfacer demandas de industrias extractivas o manufactureras, demandas residenciales y descarbonizar la movilidad. En el caso de las redes de transporte, el Proyecto incluye una disposición para que las nuevas posiciones de las subestaciones puedan asignarse a cubrir necesidades concretas de determinados consumidores, como la red ferroviaria o la industria.

 Impacto en la transparencia

Según el MITECO, esta iniciativa incrementa la transparencia y el control del proceso de inversión de las compañías distribuidoras, reduciendo la incertidumbre sobre la ejecución de las infraestructuras. De esta manera, introduce la obligación de someter sus planes de inversión a consulta previa y establece la publicación de los planes aprobados.

También prevé un sistema de control anual del cumplimiento de dichos planes, así como penalizaciones, para asegurar que las inversiones se ajustan a lo previsto.

Por ejemplo, las empresas perderán un 25% del volumen de inversión incremental, adicional al cubierto por el límite del PIB, si durante los dos años previos a la entrada en vigor de este Real Decreto no hubieran alcanzado el 80% de sus límites particulares de inversión; perderán el 10% si han invertido por debajo del 75% de la inversión aprobada en los tres años previos; y lo perderán totalmente si no presentan su informe anual de cumplimiento o si durante dos años consecutivos no han hecho uso del volumen de inversión incremental asignado

El plan forma parte de la planificación energética periódica del Gobierno, con el objetivo de modernizar la red, reforzar su capacidad y hacerla más eficiente. La medida busca evitar cuellos de botella, facilitar nuevas conexiones y consolidar la infraestructura eléctrica española frente a la creciente demanda.

Aagesen defendió que "es necesario alcanzar un Pacto de Estado frente a la emergencia climática, que anticipe y refuerce actuaciones y nos permita estar preparados, donde esperamos contar con todos los agentes”

El MITECO recordó que España cuenta con redes eléctricas de calidad superior a la media europea y con alta capacidad de integración de renovables, manteniendo contenidos los costes para los consumidores. Desde 2020 se han otorgado derechos de acceso a proyectos de demanda que suman más de 43 GW, lo que muestra el interés creciente del tejido económico por aprovechar los precios competitivos de la electricidad renovable.

Además, la planificación incorpora 422 ampliaciones de conexión repartidas entre transporte, distribución y agentes especiales como ADIF o puertos, además de mejoras en el 21% de la red y la creación de nuevos ejes para vertebrar zonas rurales. Todo ello con el fin de evitar cuellos de botella, reducir vertidos, limitados al 3,3% al final de la década, y consolidar la competitividad eléctrica del país.

Impacto económico y social

El refuerzo de las redes tendrá también un efecto dinamizador sobre el empleo y la economía: cada millón invertido en infraestructuras eléctricas genera un impacto de 1,27 millones en el Valor Añadido Bruto y un multiplicador de 20 en creación de puestos de trabajo, según cálculos del Ministerio.

En definitiva, el Ejecutivo busca que la modernización de las redes no solo garantice la electrificación y la integración de renovables, sino que también mantenga precios competitivos y atraiga inversiones estratégicas.

La protección de los consumidores y la preservación de precios competitivos de la electricidad también es un elemento esencial de las actuaciones previstas en la Propuesta de planificación y en el Proyecto de real decreto. Por eso se prevén condiciones para el despliegue de las infraestructuras y que se mantenga el equilibrio entre el crecimiento de la red y el incremento de la demanda. Esto minimizaría la incidencia en la factura y seguiría atrayendo proyectos y tejido productivo.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en la presentación de las líneas generales de la Propuesta de Planificación de la red de transporte de electricidad con horizonte 2030: