Agrivoltaica en España: oportunidades, tensiones y un modelo por construir
España, una de las grandes potencias agrícolas de Europa, está comenzando a explorar el potencial de la agrivoltaica: una tecnología emergente que busca la compatibilidad entre la actividad agraria y la generación de energía renovable. Actualmente solo el 0,2 % de las tierras fértiles están ocupadas por paneles solares, con una previsión de no sobrepasar el 1 % de la superficie agrícola disponible para 2030, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España.
Esta perspectiva refleja el amplio margen de crecimiento de esta tecnología. Review Energy habló con Emilien Simonot, Head of Agrivoltaics para EMEA en Lightsource bp y con Ana Rodríguez Castaño, Secretaria General de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), para aportar luz sobre las oportunidades y desafíos de esta tecnología en España.
"La agrivoltaica impulsa un doble uso del suelo, permitiendo la coexistencia entre la producción alimentaria y la generación fotovoltaica", explicó Simonot.
El experto destaca que España, con unos 24 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura y altos niveles de insolación, está particularmente bien posicionada para desarrollar la agrivoltaica como parte de su estrategia de transición energética. "Además de diversificar los ingresos que recibirán los agricultores, contribuye a mejorar la viabilidad económica de las explotaciones, especialmente en zonas afectadas por el cambio climático", añadió.
Primeros pasos institucionales
Desde el Ministerio, Ana Rodríguez aclaró que el despliegue de esta tecnología está en una fase inicial, pero ya se están sentando las bases para su desarrollo. "La actividad agraria prima sobre la actividad energética", subraya. Por eso, uno de los primeros pasos fue encargar a la Universidad de Córdoba un estudio prospectivo sobre la situación de la energía agrivoltaica en España. Este informe analizó tecnologías, aspectos agronómicos y la rentabilidad de distintos sistemas, explicó.
A partir de este trabajo, el Ministerio lideró un grupo interministerial que definió criterios técnicos y regulatorios. Como resultado, el 26 de julio de 2024 se publicó la orden ministerial que establece ayudas a proyectos innovadores, incluyendo instalaciones agrivoltaicas con almacenamiento. Los requisitos limitan el impacto sobre el terreno: la proyección de las placas no debe superar el 40 % de la superficie —con flexibilización si hay paneles semitransparentes—, y la pérdida de superficie agraria por estructuras no puede superar el 10 %.
Sinergias con los cultivos y regiones con más potencial
Respecto a los cultivos compatibles, Rodríguez señaló el interés por sistemas sobre olivares, viñedos, frutales y cereales. "Estas instalaciones podrían adaptarse a todo tipo de cultivos, siempre que se garantice la primacía de la actividad agraria", explicó.
Desde Lightsource bp, Simonot aportó una visión basada en su experiencia internacional. Según él, existen tres grandes categorías de compatibilidad: sistemas ganaderos, cultivos herbáceos y cultivos leñosos. Cada uno presenta beneficios distintos, desde la mejora de la calidad del suelo en áreas con gran exposición al sol, hasta el aumento del confort térmico.
En cuanto al mapa de desarrollo, ambas fuentes coincidieron en que las regiones con mayor radiación solar y vocación agrícola son las más adecuadas: Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura y Aragón.
Barreras regulatorias y horizonte a largo plazo
Pese al potencial, el desarrollo de la agrivoltaica en España enfrenta importantes retos normativos. Simonot apuntó que "el sector necesita un marco regulatorio coherente entre las distintas competencias involucradas que equilibre adecuadamente el control y los incentivos para que ambas actividades prosperen".
Rodríguez coincidó en que "aún existen numerosas incertidumbres, tanto en la sinergia con los cultivos como en la rentabilidad de estas instalaciones". Como paso clave, destaca que ya se ha incluido en el Plan Estratégico de la PAC 2025 la posibilidad de que estos proyectos agrivoltaicos sean considerados elegibles para ayudas, a diferencia de otras instalaciones energéticas.
Gobernanza local y generación de conocimiento
La aceptación social es otro de los pilares para su avance. Rodríguez explicó que, aunque no es competencia directa del MAPA, en los proyectos ya operativos se han puesto en marcha "fórmulas de consulta, información y participación pública, adaptadas a cada territorio". Los modelos de gobernanza han sido diversos: desde espacios de interlocución hasta acuerdos contractuales y mecanismos de seguimiento.
Finalmente, la recopilación de datos será esencial. Los beneficiarios de las ayudas deberán presentar memorias anuales sobre el impacto agrícola y energético de sus instalaciones durante cinco años. "Esto proporcionará una inestimable fuente de información adaptada a la realidad de la agricultura española", afirmó Rodríguez.
La agrivoltaica ha comenzado a abrirse camino en España. Aunque su despliegue a gran escala aún está lejos, los primeros pasos institucionales, junto con el interés del sector privado y el potencial agrícola del país, abren la puerta a una doble transición: hacia una agricultura más resiliente y una energía más sostenible.





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