Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), anunció la próxima ampliación del programa de Movilidad eléctrica y sostenible (MOVES III). Destinado a subvencionar la compra de vehículos y la instalación de puntos de recarga y dotado con 800 millones de euros, recibirá 400 millones adicionales. Asimismo, las diferentes líneas de fomento para las instalaciones de autoconsumo también se verán reforzadas con 500 millones adicionales, de acuerdo con lo previsto en el Plan Más Seguridad Energética (Plan +SE).

Este anuncio fue dado a las comunidades autónomas durante una reunión telemática de la Conferencia Sectorial de Energía, donde Ribera informó de esta ampliación de las ayudas para la movilidad sostenible y el autoconsumo, de la aportación de más recursos para que las administraciones gestionen las ayudas, y del mantenimiento de los hitos fijados por la normativa para tramitar proyectos de energías renovables.

La vicepresidenta presentó el informe de ejecución del Plan +SE, y ha recordado que las comunidades autónomas deben remitir sus planes de ahorro y eficiencia antes del 1 de diciembre. Durante el encuentro también se ha tratado la evolución del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, cuya implementación depende tanto del Gobierno central como de los regionales.

En este sentido, a petición de las comunidades autónomas, se ha planteado incrementar hasta el 5% los gastos de gestión de los expedientes que pueden justificar las comunidades autónomas en el programa MOVES III, ahora situado en el 2,5%, y el programa de Incentivos al autoconsumo, el almacenamiento energético y las instalaciones térmicas con renovables, actualmente en el 3%. La subida permitirá aumentar los recursos administrativos y agilizar las tramitaciones. El presupuesto del MOVES III alcanzará los 1.200 millones, tras la ampliación de 400 millones

Finalmente, en la Conferencia se confirmó el mantenimiento de los hitos marcados por la normativa para tramitar los proyectos de energías renovables, con los objetivos de evitar el bloqueo de la capacidad de acceso a la red eléctrica, garantizar la seguridad jurídica de los promotores y demostrar la credibilidad de la Administración a la hora de cumplir sus compromisos.

Los proyectos de renovables tienen cinco años para ejecutarse desde el momento en que obtienen el derecho de acceso a la red eléctrica, con varios hitos intermedios que deben cumplirse. El próximo 25 de enero se cumple el plazo para que numerosos proyectos obtengan la Declaración de Impacto Ambiental.