España arde este verano. Las estimaciones del Sistema de Información Europeo de Incendios Forestales (EFFIS) calculan que en el país han ardido 380.000 hectáreas en lo que llevamos de año, mientras el combate contra las llamas aún continúa. A la tragedia ambiental y social se suma otro fenómeno silencioso: el de los bulos que buscan señalar a las energías renovables como responsables o beneficiarias ocultas de la catástrofe.

En redes sociales proliferan mensajes que aseguran que los incendios se provocan para recalificar terrenos y destinarlos a plantas solares o eólicas. Otros apuntan a supuestas explotaciones de “tierras raras”. Todo ello alimenta un clima de sospecha y, en ocasiones, de odio hacia un sector que es pieza central en la transición energética.

Un punto clave que desmiente la idea de que “se queman bosques para poner renovables” está en la propia Ley de Montes. En su artículo 50 se establece que los terrenos forestales afectados por incendios deben mantener su carácter forestal y ser restaurados. La norma es clara: el cambio de uso está prohibido durante al menos 30 años. Además, también queda vetada cualquier actividad que impida la regeneración de la cubierta vegetal durante el tiempo que marquen las comunidades autónomas.

La ley solo contempla excepciones muy tasadas: que el cambio de uso estuviera ya previsto en un plan de ordenación aprobado antes del incendio, que estuviera en tramitación y con evaluación ambiental favorable, o que se incluyera en una directriz agroforestal para recuperar usos agrarios o ganaderos en montes abandonados. En ningún caso se contempla que, tras un incendio, se pueda recalificar libremente para instalar proyectos energéticos.

Esto significa que lejos de abrir la puerta a nuevos desarrollos, un incendio bloquea durante décadas la posibilidad de cambiar el uso del suelo, lo que convierte en inverosímil la narrativa que vincula los fuegos con la expansión de las renovables.

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha salido al paso de estas afirmaciones recordando que quemar un terreno no facilita ni acelera la instalación de una planta fotovoltaica; al contrario, lo dificulta por las restricciones legales, administrativas y ambientales.

En la práctica, un suelo quemado queda degradado durante décadas, y cualquier proyecto solar tendría que superar obstáculos técnicos, desde la firmeza del terreno hasta la cercanía a puntos de evacuación eléctrica, que lo hacen poco viable.

La patronal refuerza que la disponibilidad de puntos de conexión a la red eléctrica y la rentabilidad económica son los factores decisivos para que un proyecto solar avance, no el estado del suelo tras un incendio. Sin red y sin viabilidad económica, ningún terreno es útil para una planta fotovoltaica.

Mientras tanto, expertos en medio ambiente subrayan que los incendios no tienen nada que ver con renovables, sino con una combinación explosiva de factores. El cambio climático provoca veranos más largos, sequías intensas y olas de calor extremas, convirtiendo el monte en un polvorín. La gestión forestal insuficiente, con abandono rural, acumulación de biomasa y falta de inversión en prevención, agrava la situación. Además, los nuevos escenarios extremos, los llamados incendios de sexta generación, son capaces de generar su propia meteorología y escapar a las estrategias tradicionales de extinción.

En un verano marcado por el fuego, culpar a las renovables no apaga las llamas ni explica su propagación. Los bulos que circulan en torno a la energía solar y eólica distraen del problema real —la falta de prevención y la crisis climática— y erosionan la confianza en las soluciones que precisamente necesitamos para afrontarlo. Como resume UNEF, sin conexión a la red, ningún proyecto puede avanzar. El suelo quemado no es ni será nunca el atajo que algunos quieren pintar. La transición energética exige datos, no rumores; confianza, no desinformación.